Podría decirse que todo gobierno avanza (o retrocede) sosteniendo en una mano la cuestión política y en la otra la económica.

Gracias al blindaje mediático, la injerencia del Partido Judicial, las estrategias de marketing diseñadas desde laboratorios, y un fenomenal endeudamiento que permite implementar el método “látigo y billetera”, hasta diciembre del 2017, los gobiernos de Macri y Vidal gozaron una fase inicial de bonanza que les permitió mantener el equilibrio entre la cuestión política y la económica.

Por definiciones meramente políticas, sin embargo, ese equilibrio entró en una zona de turbulencias con fuertes repercusiones en la economía nacional: escalada sin freno del dólar, disparo de la inflación, caída estrepitosa del consumo, y cierres diarios de comercios e industrias.

Un posible diagnóstico de esos síntomas, sería pensar que, embriagados con el cóctel del que están bebiendo, los empresarios hoy a cargo de los gobiernos de nación y provincia, han perdido el control. Un segundo diagnóstico, y por el cual nos inclinamos en esta nota, indica que efectivamente tienen la situación bajo control, tal como sostuviera en conferencia el Jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun.

Ahora bien, ¿la situación bajo control para quién? A lo largo de esta nota, trataremos de dar una respuesta a esa pregunta.

Aunque solo a modo de adelanto, haremos un ejercicio: el patrimonio del Ministro de Economía Dujovne al asumir el cargo era de U$S6,4 millones por $14 el dolar, lo que significa 90 millones de pesos; al aumentar el dolar a $23, eso quiere decir que su patrimonio se multiplicó a 147 millones de pesos, en apenas semanas.

PREPARAR EL TERRENO

A lo largo de la historia argentina, cada vez que un gobierno de tradición popular finalizó (o fue finalizado a la fuerza), las cartas que jugó la oligarquía para justificar el saqueo que perpetrarían a continuación siempre fueron las mismas: corrupción y despilfarro. Así lo hicieron con Rosas luego de la batalla de Caseros, con Yrigoyen tras su derrocamiento a manos de Uriburu, con Perón después del bombardeo a la Plaza de Mayo, y con Alfonsín seguido al pacto de Olivos.

Como no podía ser de otra manera, el 10 de diciembre del 2015 las clases dominantes desempolvaron esa maquinaria difamatoria para relativizar los avances sociales que dejaron doce años y medio de kirchnerismo en el gobierno. Los medios de comunicación fueron la herramienta perfecta para llevar adelante ese cometido. O dicho con otras palabras, la televisión llenó cabezas para vaciar bolsillos.

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En el primer año de Cambiemos, entre el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2016, solo Clarín publicó 247 tapas en las que está presente alguna referencia al kirchnerismo; la mayoría de ellas relacionadas a palabras como “corrupción” o “herencia”.

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Una vez instalada en la sociedad la frase “se robaron todo”, hasta el punto que sea repetido como un mantra, el paso siguiente es ejecutar lo que en economía se denomina “transferencia de recursos”. Es decir, pasar riquezas de un sector a otro. Algo que hace todo gobierno, con la diferencia que los de signo neoliberal lo hacen sacandole a los más humildes para dárselo a los más ricos.

EMPRESARIOS AL GOBIERNO, INJUSTICIA AL PODER

Desde el preciso momento en que se dio a conocer que las diferentes áreas de los gabinetes de Macri y Vidal iban a ser ocupadas por gerentes de mega empresas y corporaciones como Shell, Lan, Clarin, Farmacity, La Anónima, Monsanto, y la Sociedad Rural, entre otras, era sabido cuál iba a ser la hoja de ruta a pilotear por el Estado a partir de allí.

En este sentido, las primeras medidas de gobierno fueron claras: quita de retenciones a los terratenientes agropecuarios y a las mineras, apertura de importaciones, corrimiento estatal del justo acceso a la información, desregulación del mercado petrolero, y luz verde para la expansión desmedida de monopolios.

En contracara, al sector opuesto de la sociedad, se le negaron los subsidios al consumo de servicios públicos, se le aplicaron tarifazos feroces, se le despojó de la posibilidad de acceder a medicamentos, se le impuso un techo a la suba salarial, y se le fijó una rigurosa burocracia para mantener la titularidad de un programa social.

En síntesis, y como se mencionaba previamente, se le arrebataron derechos a la mayoría para otorgarle privilegios a la minoría.

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EL RELATO: El gobierno lanzó un spot en el cual el protagonista se asume “irresponsable” por haberse atrevido a derrochar energía colocando la temperatura del aire acondicionado en menos de 24º; lo que provocaba cortes de luz y perjudicaba al medio ambiente.

LA REALIDAD: El gobierno le condonó $20.000 millones de deuda a las corporaciones eléctricas e implementaron un salvaje tarifazo a los servicios.

-Pero la culpa es del ciudadano que despilfarraba-

LO QUE VIENE: LA SEGUNDA ETAPA DEL SAQUEO

En las últimas semanas se ha podido ver en la grilla mediática la instalación de una “ideosfera” de caos e incertidumbre. Continuando en la línea de la pregunta que disparaba buena parte de esta nota, se está en condiciones de afirmar que Macri y Vidal tienen todo bajo control, pero para ellos mismos. Es decir, para los empresarios que se sientan en sillones de poder.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no es más que el siguiente casillero en un juego de la oca en el que todos retroceden, excepto un puñado de privilegiados que avanzan. No hace falta ser adivino para saber el futuro que le espera a la mayoría de los argentinos y argentinas; basta con ver apenas lo ocurrido cada vez que el país solicitó “ayuda” al FMI y las recetas que éste “sugirió” pero que solo condujeron al hambre y la miseria del pueblo. 

Esto lleva a rememorar la canción de don Atahualpa Yupanqui que rezaba: “las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.

Para legitimar esa norma escrita en piedra para el neoliberalismo, a través de los medios de comunicación mantendrán a la opinión pública ocupada pensando en todo lo que se robaron los gobiernos anteriores y el descalabro que le dejaron a estos bondadosos señores y señoras que han decidido salir de sus empresas y “hacer lo que hay que hacer” para sacar adelante a la Argentina.

AYACUCHO NO ES UNA ISLA

La estructura de esta nota no es casual. Si se ha optado por dejar el segmento local para el final, es justamente para poner primero en contexto la situación nacional y provincial.

Está claro que Ayacucho no es un caso aparte. Todas y cada una de las aristas que se fueron hilvanando con anterioridad, encuentran réplicas en la ciudad y sus habitantes.

La caída en el consumo de Ayacucho es latente. Esto responde directamente a las políticas de ajuste aplicadas por los gobiernos de Cambiemos, donde a los empleados municipales se les otorgó un aumento del 17% en tres cuotas, frente a una inflación que en marzo fue del 2,3 % (INDEC), lo que significa que en solo 3 meses ya se acumuló la mitad de la inflación prevista para todo el año por el propio gobierno.

A esto hay que sumarle (o restarle, mejor dicho), los $80.000.000 que ya no circularan en Ayacucho durante el 2018 debido a la rebaja de las 6000 jubilaciones mínimas y las 4200 asignaciones con las que cuentan ciudadanos y ciudadanas de Ayacucho.

En respuesta a este cuadro, el intendente Emilio Cordonnier anunció la no facturación a los 900 comercios registrados en la localidad, del porcentaje correspondiente a la ley 10.740. Desde luego que es una decisión bienvenida, al tratarse de un monto menos que el y la comerciante de Ayacucho podrá conservar.

La cuestión se haya en que consiste en una medida con vigencia por cuatro meses. Lo que se traduce en que la no facturación de este concepto será la excepción, pero que el saqueo que implican los tarifazos es la regla. Esto sin mencionar que consta de un solo servicio público.

Si la gestión local de Cambiemos considera que dentro de cuatro meses la situación económica mejorará y los tarifazos quedarán en el olvido, es muy positivo de su parte.

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Lo cierto es que al ser consultado por este medio, un comercio polirubro ubicado en la zona céntrica, exhibió una boleta de luz cuyo total es de $8.621,81. La medida implementada por el oficialismo comprende la reducción de un 7,9% de su obligación a pagar. El dueño del local le confió a El Extra: “pago $8.600 solo de luz, y $9000 de alquiler”.

Otro comercio del mismo rubro, también ubicado en el centro, rechinando los dientes mostró la “carta especial” con la firma de EDEA por la suma de $13.366,68. Esto deviene en que por cuatro meses se “salvara” de pagar el 7,29% de la boleta de luz.

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Lo paradójico de este escenario, es que el gobierno local de Cambiemos anunció esta medida casi entre bombos y platillos, haciendo hincapié en el “esfuerzo” que está dispuesto a asumir la gestión para hacer que los tarifazos impuestos por el Ministro de Energía Aranguren (ex gerente y accionista de Shell) no sean tan duros para el bolsillo del o la comerciante de la comunidad.

Resulta irresponsable, como mínimo, hablar de “esfuerzo” dentro de un marco de profunda injusticia. “Esfuerzo” no es prescindir de la recaudación de $680.000 por cuatro meses, cuando con este cuadro tarifario el Estado factura millones y las monopólicas empresas eléctricas ligadas a Macri amasan fortunas en paraísos fiscales. “Esfuerzo” no es descontarle de la facturación el 10% a un comercio, cuando se es parte del partido que está llevando a cabo una estafa a base de mentiras e injurias.

Esfuerzo es el de aquellos hombres y mujeres que todas las mañanas levantan las persianas de sus comercios sin saber con certeza si la próxima vez que las cierren sea de manera definitiva a raíz del ahogo que le producen las políticas neoliberales.

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